Gracias a Carolina Napp-Avelli por esta traduccion. To read this in English, scroll down three stories.
El 8 de julio, el ayuntamiento se reunió con el jefe de la policía interino Thomas Kemp y el capitán Gordon Pracht para continuar sus discusiones sobre cómo el Departamento de Policía de Greenbelt debe manejar las interacciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en relación a las solicitudes de retención de inmigrantes indocumentados que tienen una orden de detención de ICE. Alrededor de 20 personas asistieron a la reunión, incluidos representantes de Greenbelt People Power, CASA y Greenbelt Racial Equity Alliance, así como otros residentes de Greenbelt.
Este tema se planteó varias veces en los últimos años, iniciado principalmente por las solicitudes formuladas en las reuniones ordinarias del concejo, pero fue la sesión de trabajo con Kemp y Pracht la que pareció marcar la diferencia al permitir a los concejales llegar a un mayor consenso sobre cuál debería ser la posición de la ciudad .
Otro colaborador importante de la discusión, que no estuvo presente en la reunión, fue el Fiscal General de Maryland Brian Frosh. Kemp proporcionó una copia del Memorando de Orientación de mayo de 2017 de Frosh titulado “Aplicación local de la Ley Federal de Inmigración: Orientación Legal para Funcionarios de Aplicación de la Ley Estatal y Local de Maryland”, que ayudó mucho a aclarar los problemas y la ley tal como existen en Maryland.
Ciudades Santuario
Una posibilidad fue descartada de la mesa con bastante rapidez. Hubo acuerdo en que no era necesario adoptar la etiqueta de “ciudad santuario” como lo han hecho muchas otras jurisdicciones en el condado de Prince George. Más bien, el objetivo era desarrollar una política y un procedimiento claro y directo con respecto a la aplicación local de la ley de inmigración federal. Otros miembros estuvieron de acuerdo con la concejal Leta Mach, quien dijo: “Es lo que decimos y hacemos, no el nombre que nos ponemos”.
Órdenes de detención de ICE
De acuerdo con la información proporcionada por Kemp, el Departamento de Policía del Condado de Prince George no ha proporcionado ninguna instrucción específica por escrito a sus funcionarios sobre qué medidas tomar cuando se encuentren con órdenes de detención de ICE. Sin embargo, los comandantes de los distritos del condado han ordenado a los oficiales de todos los distritos policiales del condado que no tomen medidas con respecto a las personas que sólo tienen órdenes de detención de ICE en su contra. A los oficiales en Laurel, Hyattsville y Bowie se les han dado directivas similares.
La directiva que ya se está dando a los oficiales del condado y los policías municipales circundantes es esencialmente la directiva que el concejo de la ciudad desea que la policía de Greenbelt haya seguido. De hecho, algunos concejales pensaron que ya había una Orden General u otra directiva escrita implementada por el Departamento de Policía. Ahora se tomarán medidas formales, con el anuncio y la discusión que posiblemente tendrá lugar en la primera reunión regular en septiembre. Normalmente esa reunión tiene lugar el 10 de septiembre, pero como coincide con Rosh Hashaná es probable que sea reprogramada.
En la práctica, ha pasado bastante tiempo desde que los agentes de Greenbelt se encontraron con situaciones de órdenes de detención de ICE. Kemp dijo que la última vez que tuvieron contacto con un asunto de detención fue en diciembre de 2015, cuando ICE informó que no tenía interés en llevarse a la persona. La última vez que agentes de Greenbelt detuvieron a una persona que fue recogida por el ICE fue en diciembre de 2013. Kemp dijo que, mientras tanto, su práctica no ha sido cuestionar el estado migratorio o interferir con las personas, siempre y cuando no estén involucradas en infringir la ley o molestar a otros.
Una orden de detención de ICE es emitida por un oficial de ICE y puede indicar sólo que ICE ha iniciado una investigación sobre el estado migratorio de una persona. No tiene ninguna implicación en relación a un comportamiento criminal. Por otro lado, una orden penal debe ser emitida por un juez y respaldada por una determinación de causa probable, que sirve para proteger los derechos del individuo según la Constitución de los EEUU.
En el futuro, si los agentes de Greenbelt, por ejemplo, hacen una parada de tráfico o son llamados por una queja y encuentran en una verificación rutinaria de antecedentes en la computadora que hay una orden de detención de ICE sobre un individuo, harán una llamada para determinar si hay un una orden penal o judicial sobre la persona o sólo la orden de detención del ICE. Si solo hay una orden de detención de ICE, ninguna orden judicial u otra causa probable, la persona será liberada.
Discusión del Concejo
El concejal Edward Putens dijo que también era importante saber que ICE ha ayudado a Greenbelt en varias situaciones, incluyendo, por ejemplo, incidentes de trata de personas y de inmigrantes retenidos en contra de su voluntad. Como lo señaló más tarde un miembro del público, la política que Greenbelt adoptaría no obstaculizaría que la ciudad aceptara la ayuda de ICE en circunstancias apropiadas.
La concejal Silke Pope estaba preocupada de que la ciudad no cumpliera con la ley federal o tratara adecuadamente los asuntos de seguridad pública al tomar decisiones sobre la liberación de las personas que tenían.
La concejal Judith Davis respondió que en esta situación no existe una ley que la ciudad tenga la obligación de hacer cumplir. Ella estaba a favor de tener una política para la ciudad basada en la nota de orientación del Fiscal General del Estado, que a ella le pareció que estaba muy claramente escrita. Si no se emite una orden judicial o penal y no hay una causa probable para el arresto, entonces la policía de Greenbelt no debe llegar a ningún acuerdo con ICE. No transportarán ni continuarán reteniendo a la persona. Mach dijo que estaba de acuerdo.
El alcalde Emmett Jordan y otros concejales habían expresado anteriormente su preocupación por poner a la ciudad en una posición en la que podría estar en riesgo de perder fondos federales o donde podría haber repercusiones negativas para los residentes de la ciudad. Davis señaló que el memorándum de Frosh reconocía esa preocupación, pero dijo que hay ciertas acciones que las agencias locales de aplicación de la ley pueden llevar a cabo sin riesgo de pérdida de fondos federales. La decisión de no entrar un acuerdo de cooperación con las autoridades federales no es una infracción. Las políticas o prácticas locales de no cooperar con las autoridades federales de inmigración no violan la ley federal siempre que el gobierno local no restrinja a sus empleados la respuesta a las solicitudes federales de información sobre la ciudadanía o el estado migratorio de una persona.
Al notar esa excepción, el concejal Rodney Roberts cuestionó la probabilidad de que un empleado vaya en contra de la política de la ciudad o el Departamento de Policía. Kemp dijo que si bien es cierto que el cumplimiento no puede ser forzado, nada ha sugerido que haya algún problema de ese tipo. Además, el documento de Frosh indica que si bien el gobierno federal tiene amplia libertad para imponer restricciones a los estados para recibir fondos, la autoridad recae en el Congreso y no en el presidente ni en ninguna de las agencias bajo su control.
Se señaló que la ciudad podría esta más expuesta legalmente al cooperar con el ICE que al no hacerlo. El memorándum de Frosh explica que si las agencias locales de aplicación de la ley intentan hacer cumplir las leyes federales de inmigración, especialmente en ausencia de un acuerdo cooperativo federal, una orden judicial u otra causa probable, las agencias locales podrían enfrentar exposición a la responsabilidad civil. El gobierno local incurriría en los costos totales asociados con un acuerdo de cooperación federal. Además, al retener a las personas sin la debida causa, podrían correr el riesgo de ser encontrados en violación de la Cuarta Enmienda, que se refiere a la búsqueda e incautación no razonables, y su contraparte del Estado de Maryland en la ley.
El documento de Frosh concluye diciendo: “Seguir estos principios permitirá a las fuerzas locales del orden cumplir con la ley federal de una manera que respete los derechos constitucionales de las personas, proteja a las agencias y funcionarios locales de posibles responsabilidades legales, y les permita permanecer fieles a su misión de promover la seguridad pública “.
El concejal Colin Byrd enfatizó que no hay contradicción entre dar la bienvenida a los inmigrantes y mantener la seguridad pública. De hecho, dijo, el objetivo de la seguridad pública se promueve cuando las personas no temen a la aplicación de la ley y denuncian actividades delictivas y comparten información.
Byrd sugirió que la política debería ser decidida por el consejo de la ciudad, probablemente por ordenanza. Jordan dijo que creía que la política debería ser transmitida dentro del Departamento de Policía por una Orden General, siguiendo la práctica administrativa normal, pero que de lo contrario estaba de acuerdo con Byrd. Davis también estuvo de acuerdo con Byrd con respecto a la seguridad pública. Sugirió que la policía elabore la orden general, pero que también asista a una reunión regular para que el concejo pueda demostrar su apoyo y hacer que la política sea más pública.
Aunque hubo acuerdo sobre cuál debería ser la política y el procedimiento para los agentes de policía, al finalizar la reunión no hubo un consenso sobre el papel del concejo. Típicamente, las órdenes generales y otras instrucciones escritas para la policía se preparan bajo la dirección del jefe de policía, de acuerdo con las mejores prácticas en el campo y las normas de la agencia de acreditación, que en el caso de Greenbelt es la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés). En una forma de gobierno de gerente- concejo como la de Greenbelt, todos los departamentos, incluida la policía, informan al administrador de la ciudad, no al ayuntamiento. Al mismo tiempo, el concejo es el órgano de formulación de políticas para el gobierno de la ciudad.
Opinión del público
Los miembros de la audiencia que hablaron enfatizaron la importancia de tener información en forma escrita, en lugar de meramente verbal, y al hacer la distinción entre “ICE” y “policía” muy clara para los residentes de la ciudad potencialmente vulnerables. Dijeron que el miedo a la deportación ahora es muy alto. También se destacó la necesidad de hacer planes para transmitir la información sobre la política lo más ampliamente posible.